Transcribo un artículo que escribí en 2001, cuando aún no tenía blog. En ese año había terminado mi tesis de grado, que trataba sobre la relación de la memoria colectiva con la identidad de un país, e incluía un análisis del discurso de tres periódicos argentinos a una noticia, la de la detención por primera vez de un exdictador por un delito cometido durante el último gobierno de facto en Argentina.
Para resumir de alguna manera ese trabajo, redacté este texto con cierto formato periodístico, para que amigos y compañeros que querían leer lo que había escrito no tuvieran que tragarse todo el corpus de la tesis.
Envié el artículo a La Voz, que nunca lo publicó, y luego quedó perdido en unas hojas que acabo de descubrir en una carpeta vieja. Dejo el texto en este blog, aunque sólo sea por tenerlo a mano en cualquier momento, consciente de los años que han pasado y la transformación que ha traído la política de los Kirchner en torno a los temas de memoria en Argentina. De alguna manera en este artículo ya empezaba a hacerse visible como próxima etapa de un país que hasta ese momento había negado todo debate sobre hechos dolorosos de su pasado reciente.
Videla y el retorno del pasado inconcluso en Argentina
En junio de 1998, el expresidente de facto, Jorge R. Videla, era detenido en un caso por secuestro de bebés nacidos en cautiverio. Los medios de comunicación, reflejando la actitud de la sociedad entera, reaccionaron con sorpresa ante la notica. Después de dos décadas de lucha por parte de muchos organismos internacionales de derechos humanos, por primera vez parecía firme la posibilidad de encarcelamiento de un exdictador.
En ese momento, diversas hipótesis poblaron las páginas de los diarios y las pantallas de los informativos. Se habló de una maniobra del juez Marquevich relacionada con sus vinculaciones políticas, y de la imagen que quería revertir el presidente Carlos S. Menem en materia de derechos humanos. Hubo pocas alusiones a la lucha ininterrumpida de las organizaciones de derechos humanos, al pasado argentino, a la Justicia que significaba ese hecho histórico, en aquello que por su novedad no se llegaba a medir como el comienzo de esta nueva etapa en el debate por los derechos humanos a la que asistimos actualmente.
Hoy no podemos medir como en ese momento el efecto del asombro que provocó esta noticia, porque Videla sigue arrestado, y otros hechos más recientes, como la detención de Pinochet en Londres y las citaciones a prestar declaración indagatoria por parte de los participantes en el aparato represivo de los setenta en el marco de numerosas causas judiciales han sido noticiados en los medios masivos de comunicación, lo que hace que en este momento se pierda algo del impacto que portaba la noticia originariamente.
Pero al momento de la detención de Videla (quizás el presagio de esta etapa signada por la apertura -pequeña y condicionada- del debate público que tiende al inconcluso relato colectivo de los años del Proceso), ante la sorpresa, cada medio de comunicación reaccionó de la forma en que mejor creía que debía ser instalado este tema. Quizás porque no había tiempo de comparar parámetros, quizás ante la urgencia de tratar la noticia, cada medio construyó la noticia desde las impresiones de sus periodistas desde lo que las líneas editoriales dictaban.
Es así que, por ejemplo, al día siguiente de la detención, La Nación inició una secuencia de titulares que durante 11 días procurarían darle relevancia al «clima militar» más que a otros aspectos de la noticia de la detención.
A partir de un estudio titulado «La noticia sobre la detención de J. R. Videla, según Clarín y La Nación» llegué a conclusiones interesantes, algunas de las cuales son vertidas en esta nota. En La Nación, de un total de 21 titulares continuados cronológicamente, todos ellos plantean como una cuestión de importancia dentro del esquema narrativo el tema de la situación psicológica militar. Incluso el vocabulario utilizado por este diario para referirse al tema era anacrónico: expresiones como «clima psicológico del Ejército», o «enrarecimiento del clima militar» remiten a épocas en las que la ciudadanía mantenía su atención sobre la evolución del ánimo y sobre las decisiones de las Fuerzas Armadas, que afectaban considerablemente la vida política de La Nación.
En Argentina, por su dolorosa historia de dictaduras comandadas desde el poder militar, se conserva en el inconsciente colectivo cierta sensibilidad al recuerdo de épocas donde el clima, la inquietud o el malestar militar se transformaban en crisis militares y luego en golpes de estado. Pero en estos años en los que la ideología de la globalización (sin ser admitida como tal) se impone por su capacidad de intrusión, a ninguno de los grupos poderosos conviene la recesión y la ideología nacionalista de un golpe militar. La democracia, admitidas sus imperfecciones, se ha erigido como la única forma de gobiernos triunfante en la práctica del libre mercado. Se suma a esto el hecho de que el movimiento por los derechos humanos ha sumado adhesiones masivas en la opinión pública mundial y varios gobiernos europeos presionan a Argentina para que aporte datos sobre los delitos cometidos durante la dictadura de 1976-1983 y se extraditen exmilitares para ser juzgados en esos países.
Videla en La Nación
En este contexto es en el que La Nación advertía en su portada: «Teme el Gobierno los efectos del caso Videla» (13 de junio de 1998), «Balza planteó al Gobierno la preocupación militar» (14 de junio de 1998), «Un caso de impredecible desenlace» (15 de junio de 1998), «Preocupa a Menem el clima en las FF.AA.» (16 de junio de 1998), «Pese a todas las desmentidas, hay inquietud militar» (18 de junio de 1998).
A lo largo del análisis se evidenció que La Nación hacía mínimas referencias al pasado como constituyente del presente, que subyacía en su esquema narrativo el discurso de la reconciliación nacional y la teoría de los dos demonios, y que otorgaba una importancia desmedida al tema de la inquietud militar. La Nación llega a relacionar esta actitud con las que han surgido en circunstancias anteriores en las que se intentó juzgar a los militares por su actuación en los años setenta: es decir que se refiere a alzamientos militares ocurridos en 1987 y 1988, cuando se considera que existió la posibilidad de un golpe de estado, en la medida en que el presidente debió pactar con el poder militar.
La Nación, al centrar el tema en el estado de ánimo de las Fuerzas Armadas -que no son un sector político- evitó tejer la trama de maniobras políticas posibles del caso (lo que hizo Clarín en cambio) y detallar los delitos que motivan las numerosas causas judiciales que han sido abiertas contra miembros del sector castrense.
Entonces, ¿qué permite que un diario prestigioso como éste adopte esta postura? Las razones parten desde ideas remotas, que se encuentran en germen desde el mismo nacimiento del diario, y se desarrollan y se combinan con otras elaboraciones de la opinión pública que surgieron de las difíciles circunstancias que ha ido viviendo la sociedad argentina, y se relacionan con su forma de procesar esas experiencias.
Acotada historia del debate público
Durante el último golpe militar comenzaron a producirse hechos político-sociales que como todos, exigían una explicación, una elaboración del sentido por parte de la comunidad que los vivenciaba. El recordar no remite a la mera presencia de lo olvidable, a manera de una recopilación de datos, como el que constituía el caso de Funes, el conocido personaje de Borges. La memoria colectiva apunta a la posibilidad de otorgar sentido a lo vivido. Y el sentido siempre se construye colectivamente, a través del diálogo y el debate. Pero evidentemente, no era tiempo de polémicas. El estado de coerción era casi absoluto. Había una única y autoritaria visión de los sucesos: quien no adhería a ella jugaba su vida. El poder militar no utilizó estrategias discursivas para aniquilar la palabra de su adversario: directamente lo acalló con el silencio eterno.
Pero aquellas acciones delictivas necesitaban una justificación y así es como el discurso oficial postulaba la existencia de dos grandes grupos enfrentados en una guerra, de los cuales los militares y la extrema derecha conformaban uno. Ellos, desde el poder estatal que habían usurpado, pretendían salvar al país del supuesto peligro comunista. El adversario, en la construcción simbólica de los militares, estaría constituído por otro pensamiento, considerado «subversivo», que intentaba trastocar el orden vigente. Desde el discurso oficial se consideraba necesario eliminar al grupo «subversivo». El maniqueísmo descripto fue implantado en gran medida por la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, no elaborada por los países latinoamericanos sino propuesta y financiada conveniente por Estados Unidos en una política que intentaba asegurarse el dominio del continente durante la Guerra Fría.
Con la llegada de la democracia, el discurso enfatizó la libertad política por encima de todo derecho y reivindicación económica. El miedo estaba arraigado profundamente en el cuerpo social, pero la memoria colectiva comenzó a exigir castigo a los culpables de los crímenes cometidos. Comenzaron las investigaciones de la CONADEP y los juicios a las juntas militares. El debate público sobre la asignación de un sentido a ese pasado doloroso comenzó a desarrollarse, pero fue interrumpido tempranamente. Las leyes de Punto Final, de Obediencia Debida y los indultos frustraron los intentos de obtener justicia. Los reclamos cedieron a la promesa de otros objetivos políticos, como lo fueron la instauración de una democracia sólida sin el peligro de alzamientos militares, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y la integración a nivel internacional a través de logros económicos según Carlos Menem. El íntimo conflicto entre la voluntad de recordar y las políticas del olvido que se habían impuesto quedaba bajo la superficie, nunca concluso, pero existiendo en silencio.
Con la administración menemista, se instalaron otros temas en el debate público, temas de índole económica, con el consiguiente viraje en la escala de valores. Si antes el olvido iba apareciendo en los márgenes del discurso oficial, ahora el postulado básico era el de «olvidar el pasado para mirar el futuro». El olvidar fue denominado «reconciliación nacional» o «pacificación» en la que ambos «bandos» de aquella «guerra» hoy se darían la mano.
El debate público nunca terminó de elaborar una historia colectiva. Los traumas de este pasado nunca han sido resueltos a través de la creación de una interpretación colectiva en términos de identidad en Argentina, y retornan a su realidad cíclicamente, como una herida que se empeña en no cicatrizar hasta ser desinfectada.
Relatos fracturados y tendencias
Hoy, casi al fin de la era menorista, las llagas aún se abren, quizás con más frecuencia. Cada testimonio, cada arrepentimiento, cada escrache, cada proceso judicial a nuestros genocidas en otros países remueve esa memoria colectiva y promueve un debate explosivo, superficial y breve, en nuestra sociedad, que sin embargo, logra que a largo plazo se intente retomar la conciencia perdida durante décadas de silencio. Lo que ha sucedido es que las versiones sobre el relato histórico se han construido en parte individual y en parte grupalmente, pero nunca socialmente. No tenemos un buen relato histórico, y esa ambigüedad también se presenta en la identidad de los argentinos.
Parece primar un fuerte interés, sobre todo por parte de los jóvenes, de reconstruir un relato del pasado. También un sector mayoritario de la población siente que el tema de los derechos humanos es una clave para recuperar el pasado y se esfuerza por asistir al debate democrático. Según encuestas publicadas en diferentes diarios, en enero de 1998, un 56,6% de personas se manifestó a favor de dejar sin efecto las leyes de impunidad; un 60,2% opinó que el edificio de la ESMA debía servir como un símbolo de la memoria de esos años; mientras que en octubre de este año un 67,8% estuvo de acuerdo con que el juez Baltasar Garzón juzgue a militares argentinos.
Sin embargo, en el grueso de la opinión pública el interés continúa siendo bajo. Esto es así también a causa de una despolitización generalizada. La opinión pública de nuestro país comparte el argentino rasgo de ser contradictoria. Pero dentro de la apatía generalizada podemos destacar una fuerte tendencia a construir ese debate colectivo pendiente sobre el pasado próximo. Quizás esta demanda venga de la mano de aquella que exige una nueva ética posible, y transparencia en la función pública, en reacción a tantos casos de corrupción en el poder político.
