Categoría: economía y empresas

Hace unas horas el FBI cerraba Megaupload, acusando a sus trabajadores de lavado de dinero, crimen organizado e infracción de copyright. Megaupload es el mayor servicio de alojamiento de archivos en internet y tenía 150 millones de usuarios.

Según la acusación, esta acción «está entre los mayores casos criminales relacionados con copyright que ha habido en Estados Unidos y apunta directamente al uso indebido de un lugar de distribución pública de contenido para cometer y facilitar crímenes a la propiedad intelectual». El documento habla de una «Mega Conspiración» en la cual están otros sitios muy populares como Taringa, Series Yonkis y Películas Yonkis.

El caso tiene más implicaciones que veremos en los próximos días, porque Megaupload tenía millones de clientes que pagaban por guardar sus contenidos privados y su cierre podría suponer, según Carlos Almeida, abogado experto en propiedad intelectual, «la incautación de documentación privada de millones de usuarios, violando su privacidad». Tanto él como Javier Maestre, también abogado, nos aclaran nuestras dudas sobre los aspectos jurídicos del caso para los usuarios en España:

Marilín Gonzalo – ¿Un cliente de Megaupload en España debería preocuparse por sus datos privados?

Javier Maestre – El problema es que no sabemos qué es lo que han hecho las autoridades
norteamericanas con los servidores donde estaban alojados esos datos. Si han sido incautados por las autoridades es previsible que al menos durante un tiempo el cliente no podrá acceder a esos datos y no sería de extrañar que se acabaran perdiendo para siempre.

MG – ¿Podría reclamar el contenido propio que hubiera subido a Megaupload?

J. M. – Lo suyo sería que los clientes que tengan datos que quieran recuperar se dirijan a las autoridades que han ordenado su incautación, dando todos los datos posibles sobre su cuenta y los archivos que quieran recuperar. Tratándose de ciudadanos que viven fuera de los Estados Unidos, es posible que esta reclamación se pueda hacer a través de las embajadas de este país.

MG – ¿Es un caso comparable al de Napster jurídicamente?

J. M. – Es comparable en el sentido de que la acción se dirige frente al propietario de una tecnología por los actos que con ella hacen sus usuarios.

MG – ¿Qué derechos se están viendo vulnerados?

J. M. – De momento se tiene poca información sobre el proceso y los derechos varían en función del contenido alojado, pero podrían verse afectados sobre todo el derecho a la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones. El problema es que esta medida perjudica directamente a millones de personas y empresas, que no han sido parte en el proceso y a las que no se les ha dado la oportunidad de retirar sus contenidos. Desde luego es una medida que, cuanto menos, se antoja totalmente desproporcionada.

MG – ¿Qué acciones legales podría tomar?

J. M. – Una de ellas sería personarse en el procedimiento directamente y pedir una copia de sus archivos y, eventualmente, una indemnización por los daños y perjuicios causados. Otra opción podría ser hacer una reclamación a través de la embajada estadounidense como se indicó antes.

C. A. – La Agencia Española de Protección de Datos debería intervenir de oficio, al igual que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Justicia: se trata de los datos personales y de la propiedad de miles de ciudadanos españoles.

MG – ¿Qué podremos ver en torno a esto en las próximas semanas?

J. M. – Es una incógnita, habrá que estar pendientes.

Por otro lado, FACUA, la agencia de consumidores, ha advertido que los usuarios de Megaupload tienen derecho a recuperar sus archivos privados y que el Gobierno estadounidense debería ponerlos a su disposición, ya que la protección de la propiedad intelectual no justifica el crear un «Estado policial del copyright» en el que se pisoteen derechos básicos de los ciudadanos como la intimidad, la privacidad y el secreto de las comunicaciones.

Esta entrevista fue publicada originalmente por mí en ALT1040